Los opositores quieren sesionar el 9 de septiembre, pero el gobierno activa contactos para impedirlo. La agenda incluye más de 30 proyectos sobre endeudamiento pero también la prórroga de la emergencia en discapacidad.
El Gobierno puso en marcha una estrategia para intentar frenar la sesión especial convocada por la oposición para el 9 de septiembre en la Cámara de Diputados, donde se buscará acelerar el tratamiento de los proyectos sobre el endeudamiento de las familias y la prórroga de la emergencia en discapacidad.
La Libertad Avanza (LLA) citó para el miércoles 2 de septiembre a una reunión informativa de la Comisión de Finanzas con el objetivo de comenzar a analizar las iniciativas vinculadas con el sobreendeudamiento. La decisión fue adoptada después de que los bloques opositores demostraran que cuentan, al menos en los papeles, con los votos necesarios para reunir quórum e imponer su temario.
La jugada apunta principalmente a los legisladores cercanos a los gobernadores que acompañaron la convocatoria opositora, pero que habitualmente mantienen una posición dialoguista con la Casa Rosada. La expectativa del oficialismo es que algunos de ellos consideren innecesaria la sesión especial si los proyectos comienzan a discutirse previamente en comisión.
Una fuente de LLA reconoció que la reunión fue convocada con la intención de desactivar la sesión del 9 de septiembre. “Como siempre, depende de los bloques del medio. Veremos qué pasa”, señaló al ser consultada sobre las posibilidades de que la oposición pierda el quórum.
La sesión especial fue impulsada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y legisladores vinculados con mandatarios provinciales, entre ellos los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Catamarca, Raúl Jalil.
El pedido lleva la firma de 49 diputados y tiene como objetivo emplazar a las comisiones encargadas de analizar unos 50 proyectos relacionados con el endeudamiento familiar. El temario también incluye la extensión por un año de la emergencia en discapacidad.
El emplazamiento permitiría establecer días y horarios para que las comisiones se reúnan, además de fijar una fecha límite para la firma de los dictámenes. La reunión informativa convocada por el oficialismo, en cambio, abre el debate, pero no impone plazos ni garantiza que las iniciativas lleguen al recinto.
Además, la mayoría de los proyectos fueron girados a dos o tres comisiones. Por ese motivo, la oposición sostiene que iniciar su tratamiento únicamente en Finanzas no alcanza para acelerarlo y podría convertirse en una herramienta para dilatarlo.
El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, calificó la decisión del Gobierno como una “jugada distractiva” y una “cortina de humo”. Según advirtió, para dictaminar las iniciativas es necesario que todas las comisiones involucradas trabajen en conjunto y establezcan un cronograma.
En la misma línea, Esteban Paulón, también de Provincias Unidas, afirmó que “la única garantía de avanzar hacia un dictamen es ratificando la convocatoria a sesión especial”. Aunque reconoció que el oficialismo busca desactivar el encuentro, se mostró confiado en que los firmantes mantendrán su respaldo.
La incertidumbre está centrada en los diputados vinculados con los gobernadores de Misiones, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe. Algunos legisladores dialoguistas comenzaron a poner en duda su asistencia después de la convocatoria de la Comisión de Finanzas.
Fuente: Agencia DIB
